El titular del bloque del Frente para la Victoria, Fernando Acebal, fue muy duro con la iniciativa opositora. Dijo que el proyecto tiene acento "electoral". Además, recordó lo que pasó con Altamar y Mandalay, dos iniciativas privadas que terminaron suspendidas por protestas sociales y amparos judiciales.
Según explicó el concejal a SECTOR INFORMATIVO, a simple vista, el proyecto presenta algunas incoherencias con la realidad geselina: "estaría bueno que a los que vienen a invertir no les hagan la vida imposible. Varias personas tienen trabados proyectos por medidas judiciales", dijo.
Y recordó rápidamente la urbanización privada denominada "Altamar", la cual iba a desarrollarse entre Villa Gesell y Cariló y se tuvo que suspender porque un grupo -según el edil, relacionado al radicalismo local- presentó un amparo judicial y generó una iniciativa social para que no se desarrolle. "Ese proyecto hubiese generado muchos puestos de trabajo, sin embargo se hizo todo lo posible para que no avance", agregó.
En este sentido, destacó que lo mismo sucedió con el proyecto Mandalay, el cual iba cimentarse en la calle 310 y playa. Cuando iba a comenzar a construirse se hizo todo lo posible para que no se lleve a cabo. Incluso, se presentaron varias medidas judiciales y realizaron varias manifestaciones en el lugar con presencia de políticos nacionales como es el caso de Pino Solana, quien arribó a Villa Gesell para apoyar la causa medioambiental.
El proyecto de incentivo turístico, denominado PROTUR, fue presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical hace algunos días y deberá ser tratado por el cuerpo legislativo. Consiste en aplicar herramientas que permitan incentivar la instalación de atractivos turísticos novedosos a fin de promover y proteger el desarrollado de nuevas inversiones que mejoren la oferta local.
A través del mismo, la comuna podrá -entre otras cuestiones- eximirlos parcial o totalmente del pago de impuestos, proteger la actividad a desarrollar restringiendo la instalación de emprendimientos similares por un plazo de hasta 10 años, realizar excepciones al código de ordenamiento urbano y permitir la utilización de predios de dominio municipal.
