Según denunciaron desde el bloque de la UCR, el balneario ubicado en playa y paseo 109 tiene irregularidades que la comuna debe aclarar. Criticaron con dureza el proceso de adjudicación. "Todo esto tuvo, y ya lo denunciamos en su momento, un tratamiento muy poco transparente. Todo esto, para nosotros, huele a podrido", sostuvo Martínez Salas.
La discusión que terminó nuevamente en pelea se inició cuando la UCR propuso tratar sobre tablas un expediente por el cual se solicitaba al intendente municipal, Jorge Rodríguez Erneta, que analizara lo actuado sobre el lote de playa que desemboca en el paseo 109, el cual, según la fuerza política que encabeza Jorge Martínez Salas, tiene algunos aspectos poco claros en su adjudicación que deben ser transparentados por la gestión de gobierno.
Según la fuerza opositora, Benamar S.A -la empresa a la cual se adjudicó el espacio fiscal de playa- representa una sociedad constituida 60 días antes de la licitación, sin bienes y con un capital social integrado de 15.000 pesos y los socios no demuestran capacidad económica personal ni bienes a la vez que uno de ellos resulta estar inhibido a la fecha de la licitación.
En este marco, los ediles destacaron que el cronograma de obras presentado por la empresa ganadora de la licitación tiene fecha de finalización a noviembre de 2011 por una suma de 370.000 pesos, sin embargo todavía no se concluyeron las tareas. Además, el oficialismo le adjudica la licitación el 14/12/2010 y en la misma fecha se realizó una asamblea de la sociedad anónima en donde se cambiaron los socios.
Del mismo análisis planteado por la UCR-Colación Cívica-ARI, se desprende que los nuevos socios -quienes tampoco tienen capacidad patrimonial- constituyeron otra sociedad en julio de 2012 denominada Atalso S.A, la cual se inscribió como proveedor de la municipalidad y ese mismo año facturó casi medio millón de pesos.
SECTOR INFORMATIVO dialogó con Martínez Salas, quien destacó "pedíamos que se analizara y se decretara la caducidad en caso de corresponder y se analizara la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en la comisión de adjudicación. Todo esto tuvo, y ya lo denunciamos en su momento, un tratamiento muy poco transparente. Todo esto, para nosotros, huele a podrido".
