De esta forma las empresas no podrán cobrar el aumento, que desde el centro de defensa al consumidor consideran inconstitucional. Entra en vigencia a partir del 3 de agosto.
La ONG busca que la justicia entienda como inconstitucional el aumento y, con esta disposición, en principio ya demostró que puede dar batalla para que por lo menos las empresas tengan un justificativo legal para cobrarlo.
La comunicación explica que la medida la tomó el Juzgado Federal de la ciudad de Dolores y que la misma rige a partir del 3 de agosto para las empresas que intervienen en Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa. Ahora, sólo resta comunicar la novedad a las empresas mediante los oficios correspondientes.
