La apertura de sobres se iba a realizar hoy. El juez Marcelino Escobar hizo lugar a la medida y suspendió el proceso. Desde la comuna replicaron que la acción responde a una maniobra política impulsada por la oposición y que Eduardo Cobo “es un representante de esos partidos que constantemente realizan presentaciones legales”. Ayer hubo una reunión del grupo de abogados de la comuna.
Una alta fuente del departamento ejecutivo que prefirió no ser identificada, explicó a SECTOR INFORMATIVO sobre la medida legal presentada por la ONG local "es una presentación donde se dicen cosas que no son ciertas y se acusa a la municipalidad de no haber cumplido con la legislación vigente y esto es mentira" a la vez que agregó "esto se enmarca en una maniobra política de los partidos de la oposición y en este caso el señor Cobos es un representante de esos partidos que constantemente realizan presentaciones legales a los solos efectivos de generar medidas políticas. La municipalidad ha cumplido con todos los requisitos, tanto de medio ambiente como en la licitación pública, se ha publicado, se han hecho la presentaciones correspondiente al OPDS que ha aprobado el estudio de impacto ambiental presentado por la municipalidad, de manera que estamos tranquilos y vamos a responder los requisitos del juez y esperamos obtener un fallo favorable para poder seguir adelante con la licitación, sin apuro, pero en forma segura y precisa para no generar un prejuicio a la comunidad".
El Ceodeco había presentado una medida cautelar argumentando que el proceso de los 29 nuevos balnearios que se sumarían a los existentes representaría un peligro para el medio ambiente geselino. En esa presentación, el presidente del mismo, Eduardo Cobo, ampliaba explicando que "dado los problemas ambientales y de erosión costera en particular, resulta absurdo pensar en la posibilidad de 29 unidades fiscales nuevas a licitar. No existe ningún Decreto que apruebe informe de impacto ambiental alguno y nada sobre la factibilidad de instalar esas unidades fiscales a explotar, lo cual estaría afectando al medio ambiente de manera irrecuperable. De lo expresado, surge que no existe Estudio de Impacto Ambiental, o que de existir el mismo fue efectuado en forma irregular, sin audiencia pública ni ninguna otra forma de participación ciudadana, y que en última instancia lo aprobado por ordenanzas 2346 y 2347 no estaría contemplado en el supuesto impacto ambiental.Hay incumplimiento de lo dispuesto por decreto 8282/87 y normas concordantes, que establecen la obligatoriedad de consulta previa ante la Provincia de Buenos Aires ante obras que puedan afectar el frente marítimo. Hay irregularidad en la ubicación de las unidades turísticas fiscales de playa a licitar, según lo explicado sobre la diferencia entre la ubicación en la Ordenanza 2050 y lo previsto en el Anexo 1 de la Ordenanza 2346".
La idea de la comuna es presentar la documentación que conforma el expediente lo antes posible para que el juez levante el amparo y pueda continuar el proceso.
