A través de un documento emitido a la comunidad y los medios de comunicación, la Unión advierte que el conflicto está lejos de finalizar. Quieren que el Gobierno intervenga con reuniones y la organización de todo el Operativo de Playa.
La Unión de Guardavidas volvió a denunciar irregularidades, por parte de los balnearios, en la implementación de la Ley Provincial que regula la actividad, y que se debería aplicar en todo el territorio bonaerense. La novedad resurge cuando está terminando el verano, con resultados claramente insuficientes para el sector trabajador.
A través de un documento emitido a la comunidad y los medios de comunicación, la Unión advierte que el conflicto está lejos de finalizar, al menos, en estas condiciones que se plantean. "Desde la Unión de Guardavidas de Villa Gesell tenemos el deber de informar a la comunidad que el conflicto entre la Cámara de Concesionarios de Playa de Villa Gesell y los guardavidas por los incumplimientos de la ley de GUARDAVIDAS 14798, aún no han sido resueltos", consignaron en el texto.
Según el gremio, "la falta de compromiso por la seguridad de la gente está en manos de patronales que concesionan espacios de playa y que no obedecen a los mandatos que la ley ordena. El incumplimiento pone en riesgo la integridad física de las y los trabajadores como así también de las personas que asisten a estas playas".
Y enumeran: "El reclamo de los trabajadores es por la falta de elementos de seguridad que en algunos casos se incumplen casi en su totalidad. Por la falta de higiene severa que tienen que soportar las y los trabajadores, el incumplimiento de los 150 días de cobertura mínima que garantiza seguridad, la falta de trabajadores registrados, la inexistente cuenta sueldo, el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, el incumplimiento de la contratación mínima de trabajadores respecto de sus meses y sus horarios, la falta de pago de horas extras, despidos y persecuciones discriminatorias".
El sindicato relata, en el mismo texto, que la intervención del Ministerio de Trabajo a través de audiencias conciliatorias, no ha generado un cambio en la postura del sector patronal. Por eso, y ante la posibilidad de que el panorama no cambie, solicitaron que el Estado Municipal convoque a reuniones entre las partes para acercar posiciones.
Este último pedido, a pesar de ser totalmente válido, compromete a la gestión de Barrera y la postura del Gobierno sobre el asunto particular. Es que, la Unión y los balnearios quieren que el Estado se haga cargo del Operativo de Seguridad de Playa en su totalidad, con la implicancia de tener que abonar sueldos de agentes públicos y privados.
Barrera no lo dijo abiertamente, pero este medio sabe con certeza que el intendente no avanzará sobre esta cuestión particular. Ergo, si la única solución al conflicto es que el Estado se haga cargo de los gastos, entonces es probable que la situación no tenga una luz de esperanza en la inmediatez.
