El segundo proceso de licitaciones que se llevó a cabo en el 2007 fue anulado ayer por los concejales del oficialismo que ratificaron los cuatro decretos que realizó el departamento ejecutivo. La oposición no participó de la votación y se retiró antes del recinto. Hubo una fuerte crítica del presidente del bloque radical, Fernando Esteban hacia Gustavo Barrera, presidente del cuerpo.
El proceso de licitación que se realizó en 2007 para contar con las nuevas concesiones de playa tuvo dos etapas de igual desarrollo, la primera ya en funciones continuará en ejercicio mientras la segunda que esperaba definiciones ante la permanencia de los viejos balnearios fue derogada ayer mediante la aprobación de cuatro decretos del intendente Jorge Rodríguez Erneta.
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) tuvo su primera sesión especial de 2010, en la cual avaló los decretos del departamento ejecutivo que derogó el proceso de licitación, por lo cual la oposición afirma que "la municipalidad tendrá una catarata de juicios por parte de los oferentes que ya tenían la adjudicación".
Para el oficialismo, las razones de esta anulación se basaron en que los lotes estaban ocupados, y que el juez Luis Arias dictó una medida cautelar para paralizar el proceso. Sin embargo los sectores designados tras la reconversión de playa permiten esto ya que los viejos balnearios con estructuras de cemento tienen orden de demolición con sentencia firme, mientras que el propio juez Arias ordenó continuar con las licitaciones.
Uno de los momentos más candentes de la sesión, que duró tres horas, se produjo cuando Fernando Esteban (UCR) apuntó contra el presidente del cuerpo Gustavo Barrera, ya que éste había sido oferente del lote 6, estando de acuerdo con estas licitaciones e incluso continuando adelante con un recurso revocatorio: "usted (a Barrera", hoy bajo el rol de concejal en lugar del de empresario, decide votar para derogar un proceso del cual participó y estuvo de acuerdo".
Cuando había transcurrido más de dos horas de tratamiento, el Frente para la Victoria solicitó un cuarto intermedio para hacer una corrección que le marcó la oposición, ya que en el expediente figuraba la adhesión a la ley 8282, siendo el término correcto el decreto 8282/87, ya que la ley marca la donación de un terreno para la construcción de una iglesia en la municipalidad de Salto.
El error fue enmendado y los ediles volvieron a sus bancadas, donde en reiterados ocasiones los concejales del Acuerdo Cívico y Social y de la UCR solicitaron que la votación sea nominal ya que está en riesgo el patrimonio de cada edil.
Los concejales oficialistas desestimaron esta posibilidad por lo cual los bloques de la oposición decidieron retirarse para no ser parte de la votación que concluyó con los siete votos positivos del PJ.
