El arco opositor condenó la persecución a la prensa.
Los ediles oficialistas rechazaron votar la condena por los ataques a la prensa y la violencia laboral que el municipio y la provincia ejercen sobre los periodistas, especialmente sobre Gerardo Tavarone, periodista en SECTOR INFORMATIVO y trabajador de planta en el Ministerio de Trabajo bonaerense, trasladado como parte de un plan para silenciar sus críticas a la gestión local.
El último expediente del orden del día fue de condena a la persecución que sufren los medios de prensa por parte del Gobierno municipal y provincial, especialemente con SECTOR INFORMATIVO.
Los concejales opositores fundaron su apoyo al medio de comunicación basándose en la "persecuta" que se ejerce contra este medio luego que el Gobierno local, en connivencia con el Ministerio de Trabajo, trasladaran a Tavarone a la oficina ministerial de Pinamar.
Son cuatro los empleados pero sólo Tavarone debe acudir a Pinamar diariamente. ¿La explicación? Razón de servicio, un esquema de escusa amplio que se usa para justificar cualquier locura administrativa de traslado con toda la planta Estatal.
La que no tuvo su mejor tarde fue la concejal oficialista Paula Palacios, quien además de su tarea como edil, se desempeña como coordinadora del Ministerio de Trabajo local. El concejal de LLA, Emiliano Peluffo, la puso constantemente "en jaque" al responsabilizarla por apañar el traslado de sus propios empleados como método de castigo y censura.
Los compañeros de bancada de Palacios salieron a la defensa, victimizando a la concejal (quien no emitió palabra a pesar de que el expediente la compromete moral y eticamente). No tuvieron mejor idea que decir que se estaba utilizando el caso "políticamente".
Finalmente, los ediles que responden a Barrera votaron por la negativa para aprobar la declaración de condena.
