El presidente del Honorable Concejo Deliberante indicó que la rendición de cuentas 2012 ya está aprobada por el artículo 23 de la ley 10869 del Tribunal de Cuentas. Según explicó el edil oficialista, la normativa establece un plazo de 60 días para tratarla desde su presentación. Si no se debate se considera aprobada.
Según indicó el funcionario, el artículo 23 de la Ley 10869 del Tribunal de Cuentas provincial establece un plazo de 60 días corridos para que los ediles analicen el estado de la cuentas y se pronuncien al respecto. En caso de que se haya vencido ese plazo, la rendición quedará automáticamente aprobada.
En dialogo con SECTOR INFORMATIVO, el titular del cuerpo legislativo explicó que la rendición de cuentas cumplió todos los pasos que indica la normativa: se trató en comisión, logró despacho de la misma y se inició su tratamiento en la sesión ordinaria correspondiente al orden del día respectivo.
Esa situación permite aplicar el articulado de la ley y avanzar con otros asuntos legislativos porque, para Barrera, ya está aprobada teniendo en cuenta que se superó la cantidad de días que establece la normativa.
Para Barrera, el juez se (Marcelino Escobar) se extralimitó en la medida porque un magistrado no puede frenar un trámite legislativo. "Puede revisar una ordenanza aprobada. No puede decir que tal o cual expediente se trate o no", indicó el edil.
Según explicó el concejal, la ley 10869 está vigente y como consecuencia el bloque de la UCR no puede presentar un amparo para que se extienda el plazo de análisis porque la normativa está vigente. "Esta ley está vigente, para que los ediles radicales pidan una extensión de tiempo se tiene que derogar la ley o el mismo artículo 23", agregó.
El problema con la rendición de cuentas 2012 inició en la sesión del 17 de junio pasado. Luego de obtener despacho de comisión, la UCR, en medio de la sesión, solicitó volver a enviar el expediente a la comisión para continuar analizándolo. Como el oficialismo se negó, se levantaron de sus bancas y dejaron al Concejo sin quórum. Dos días después, cuando la presidencia llamó a continuar con el orden del día, se presentaron con una medida cautelar favorable por parte del juez Marcelino Escobar para que no se pueda continuar debatiendo ese expediente hasta que el magistrado resuelva la situación. Básicamente, la oposición critica la escasa información otorgada por el Departamento Ejecutivo y solicita detener el debate ya que con esos datos no puede tomar una postura sobre el tema. Sea como fuera, el juez entendió que tenían razón.
