Esta semana la ministra de Producción de la Provincia, Cristina Alvarez Rodríguez, confirmó que el gobierno provincial rescindirá las concesiones de las rutas 2 y 11, que conforman el llamado "corredor del Atlántico", concesionadas a las empresas Covisur y Camino del Atlántico respectivamente.
Esta noticia, que podría haber llegado en cualquier momento de los últimos años, puede poner fin a la serie de incumplimientos que las empresas han tenido en todos estos años de trabajo en estas rutas, y que llevan a que, luego de años de recaudar cifras siderales en concepto de peajes, las obras que se debían realizar brillen por su ausencia.
La empresa Camino del Atlántico, la que nos toca más de cerca, realizó la ampliación de algunas rutas, como el tramo Madariaga-Pinamar, pero en su área de concesión aún quedan tramos que necesitan una ampliación urgente, como Madariaga-Conesa y la ruta 11 en su paso por las localidades del Partido de la Costa. La ruta Gesell-Mar del Plata ni siquiera tiene banquinas.
Sin embargo, la culpa no es sólo de la empresa, que como cualquier concesionario, busca realizar la mínima inversión con la máxima ganancia. El Estado es quien debe asegurar que las empresas cumplan sus compromisos y que los usuarios reciban los beneficios por los que pagan cada vez que circulan.
Luego de un amago de municipalizar los peajes, para que las comunas se hagan cargo del mantenimiento de las rutas que cruzan sus territorios, al parecer las dos rutas serán concesionadas en bloque a una sola empresa. ¿Se la controlará esta vez?
Manuel Zaldivar - Periodista - Tec. en Comunicación Social
